Adiós a las playas privadas en México: multas de hasta 1 mdp a quien prohíba el acceso

El Senado de la República aprobó una reforma de ley que establece el libre acceso a las playas de México, incluyendo las de hoteles y complejos turísticos.

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Playas Cancun
Reuters

Las playas privadas en México son cosa del pasado. El Senado de la República aprobó este 29 de septiembre modificaciones a la Ley General de Bienes Nacionales que establecen el libre acceso y tránsito a las playas del país.

En caso de no respetarse esta disposición, se deberán pagar multas superiores a un millón de pesos, de acuerdo con lo aprobado.

La reforma fue aprobada por unanimidad con 107 votos a favor para “garantizar que el disfrute de las playas marítimas y la zona federal marítima terrestre continua a ellas no esté inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento”.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; Federalismo y Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos, establece que se multará con 3,000 a 12,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (260,640 a 1 millón 42,560 pesos) a los propietarios de terrenos colindantes y a los titulares de concesiones, permisos u autorizaciones que por cualquier medio o acto impidan el acceso a las zonas marítimas.

Por lo tanto, las playas que anteriormente se consideraban privadas deberán contar desde ahora con un acceso público.

Gracias a esta reforma limitar el acceso a las playas mediante construcciones, cercas, elementos de seguridad privada o personal hotelero será considerado un delito o violación a la ley.

“Las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos de acceso para que todos puedan disfrutarlas. Existen denuncias de ciudadanos que han visto restringido su derecho al goce y disfrute de las zonas”, dijo la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa.

La senadora señaló que la restricción al acceso de playas por parte de algunos propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo-terrestre representa un acto de discriminación, ya que asumen como propia una franja que no lo es y cuyo dominio corresponde únicamente a la nación.

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